Durango, Dgo.- Como parte del programa de capacitación 2024, se llevó a cabo el curso «Responsabilidades Administrativas», con el objetivo de proporcionar una comprensión clara y concisa sobre las responsabilidades que surgen del proceso de fiscalización. Este curso abordó temas fundamentales, como las faltas administrativas, las sanciones y los posibles delitos que involucran a servidores públicos y órganos internos de control.
El evento contó con la destacada participación de la M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza, Auditora Superior del Estado de Durango, quien ha mostrado una disposición ejemplar para apoyar a las contralorías en el cumplimiento eficaz de sus funciones. Además, se reconoció la intervención de la Diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXX Legislatura del Congreso del Estado, por su compromiso en fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
También participó de manera significativa la Dra. Magdalena Alanís Herrera, consejera de participación ciudadana del Sistema Local Anticorrupción (SLA), quien aportó una visión ciudadana clave para reforzar la confianza en los procesos de control interno. El apoyo técnico y jurídico del personal de la Dirección Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Durango (ASED) fue fundamental para la realización exitosa del curso.
Francisco Cisneros Salas, coordinador de los contralores en el estado, dio a conocer estos detalles y subrayó la importancia de estos programas de capacitación para fortalecer el marco institucional en Durango. “La capacitación constante es esencial para asegurar que los servidores públicos desempeñen sus funciones de manera correcta y responsable. Este tipo de cursos contribuyen a fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la transparencia en todos los niveles de gobierno”, afirmó Cisneros Salas.
El curso “Responsabilidades Administrativas” reafirma el compromiso de las autoridades estatales y legislativas en Durango para impulsar una cultura de transparencia y legalidad, alineada con las mejores prácticas de administración pública.
